Santo Domingo, República Dominicana. Miércoles 16 de septiembre de 2026.— Lo que durante meses pudo parecer una percepción o una preocupación aislada de algunos usuarios del Metro de Santo Domingo hoy merece una discusión pública mucho más profunda: ¿hacia dónde se encamina realmente el modelo de administración y operación del principal sistema de transporte ferroviario del país?
La pregunta cobra especial relevancia luego de los cambios institucionales impulsados por el Gobierno en el sistema de transporte masivo.
Mediante el Decreto 60-26, se dispuso la transformación de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), S. A., una sociedad comercial cuyo capital es íntegramente estatal. El decreto establece que el Estado dominicano tendrá el 99.9 % del capital y FONPER el 0.1 %.
La nueva empresa tendrá, entre otras responsabilidades, la operación y mantenimiento de las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, además de los teleféricos y otros sistemas de transporte masivo contemplados en la reforma.
¿Privatización o transformación institucional?
Aquí es precisamente donde comienza el debate.
Hablar de privatización no es exactamente lo mismo que hablar de una transformación de una institución pública en una sociedad comercial de capital estatal. El decreto establece expresamente que la EMT será de titularidad exclusivamente estatal.
Sin embargo, la misma disposición contempla que la empresa pueda recibir donaciones, aportes y financiamientos provenientes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, conforme a la ley. También dispone la transferencia de contratos de operación y mantenimiento que anteriormente estaban vinculados a OPRET o FITRAM.
Por eso, la ciudadanía tiene legítimo interés en conocer con precisión qué papel tendrán empresas privadas, contratistas, proveedores y operadores externos dentro del nuevo esquema.
No se trata solamente de cambiarle el nombre a una institución.
Se trata de determinar cómo será administrado en el futuro un servicio público utilizado diariamente por miles de dominicanos.
El Metro es un servicio esencial
Para miles de trabajadores, estudiantes y familias, el Metro representa una de las principales alternativas para trasladarse por Santo Domingo.
Cualquier modificación en su administración, operación, estructura financiera, sistema de contratación o política tarifaria puede tener repercusiones directas sobre la población.
Precisamente por eso, cualquier proceso de transformación debe estar acompañado de información pública suficiente.
¿Quién administrará realmente cada área?
¿Qué servicios permanecerán bajo control estatal?
¿Qué servicios serán contratados a empresas privadas?
¿Cuánto dinero público estará involucrado?
¿Qué contratos serán transferidos?
¿Qué mecanismos de fiscalización existirán?
¿Quién garantizará que el interés del usuario esté por encima de cualquier interés comercial?
Son preguntas legítimas que merecen respuestas oficiales.
El nuevo modelo ya está en marcha
La reforma no constituye solamente una discusión teórica.
El Decreto 60-26 establece la transferencia hacia la EMT de las operaciones, contratos, activos y derechos vinculados a los sistemas de transporte masivo, incluyendo las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. Además, establece un plazo para formalizar la cesión de las operaciones y de los contratos de operación y mantenimiento.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha presentado públicamente una estrategia de expansión del sistema integrado de transporte, que incluye Metro, teleféricos y el Monorriel de Santiago, con una red proyectada de 73 kilómetros antes de finalizar 2028.
La propia Presidencia ha señalado que la EMT tendrá la responsabilidad de operar, administrar y mantener el Metro, los teleféricos, el monorriel y futuros sistemas de transporte masivo.
Todo esto demuestra que estamos ante una reorganización de gran alcance del transporte público dominicano.
Transparencia ante todo
El debate, por tanto, no debería limitarse a utilizar la palabra privatización sin precisar jurídicamente qué significa cada medida.
La discusión responsable debe centrarse en los hechos:
¿Qué permanece bajo propiedad estatal?
¿Qué se entrega mediante contratos?
¿Qué empresas participan?
¿Cuál es el plazo de esos contratos?
¿Cuánto cuestan?
¿Cómo serán fiscalizados?
¿Qué garantías tendrá el usuario?
La ciudadanía tiene derecho a conocer las respuestas.
El propio decreto establece obligaciones de rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, contratación e integridad para la nueva empresa estatal.
Por eso, antes de que cualquier transformación produzca consecuencias irreversibles, corresponde exigir información completa, documentos públicos y rendición de cuentas.
El Metro es de todos
El Metro no pertenece a un grupo político, a un gobierno de turno ni a determinados funcionarios.
El Metro es una infraestructura pública construida con recursos del Estado y destinada a servir a la población.
Por esa razón, cualquier cambio en su modelo de gestión debe ser conocido y discutido con transparencia.
Lo que hoy algunos ciudadanos perciben como una posible privatización debe ser examinado a la luz de los documentos oficiales, los contratos y las decisiones que se adopten durante la implementación de la reforma.
La pregunta está sobre la mesa:
¿Privatización, concesión, tercerización o modernización de la gestión pública?
La respuesta debe ofrecerla el Gobierno con documentos, explicaciones claras y absoluta transparencia.
Porque cuando se trata del transporte que utilizan diariamente miles de dominicanos, la ciudadanía tiene derecho a saber antes, y no después, qué modelo se está construyendo para el futuro del Metro de Santo Domingo.
