La reciente denuncia del comunicador Vargavila Riverón sobre una supuesta campaña de difamación y extorsión contra Grupo GBC Farmacias, una empresa que se ha convertido en una marca país, pone sobre la mesa un tema urgente, el uso irresponsable y delictivo de las redes sociales en la República Dominicana.
No estamos ante simples críticas o denuncias ciudadanas –algo saludable en cualquier democracia– sino frente a un fenómeno cada vez más común: el chantaje digital convertido en negocio.
Riverón fue claro y directo al calificar de “difamadores” y “extorsionadores” a quienes, según afirmó, buscan vincular a una empresa con más de 30 años de trayectoria en el sector farmacéutico con actos de corrupción estatal sin presentar pruebas.
Y aquí está la clave: las acusaciones en redes sociales tienen un costo enorme para la reputación de personas y empresas, y muchas veces terminan sirviendo como mecanismos de presión para obtener beneficios económicos o políticos.
La denuncia de Riverón no es un hecho aislado. Cada día vemos cómo el ecosistema digital dominicano se convierte en un campo de batalla donde la honra y el buen nombre de ciudadanos, empresarios y funcionarios son destruidos en minutos, sin debido proceso ni derecho a defensa.
Esta realidad no solo afecta a los señalados, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones y en los medios de comunicación serios, que luchan por verificar y contrastar información antes de publicarla.
República Dominicana cuenta con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza la difusión de noticias falsas con el objetivo de dañar reputaciones. Sin embargo, su aplicación sigue siendo débil. Como sociedad, no podemos normalizar que “influencers” y cuentas anónimas conviertan la difamación en una herramienta de presión. Es deber del Estado garantizar que quienes cometen estas prácticas enfrenten consecuencias jurídicas reales.
Las redes sociales democratizaron la comunicación, pero también nos hicieron corresponsables del contenido que compartimos. Si reproducimos rumores sin verificar, somos parte del problema. La libertad de expresión no es una licencia para destruir honras ni para convertir el descrédito en espectáculo.
El llamado de Riverón debe ser escuchado, no solo en defensa de Grupo GBC, sino en defensa del principio de que la reputación es un derecho humano protegido por la Constitución. Si no frenamos esta cultura de la difamación, corremos el riesgo de seguir socavando el tejido social y empresarial de nuestro pais.
En tiempos donde las fake news viajan más rápido que la verdad, es urgente que autoridades, comunicadores y ciudadanos apostemos por el rigor, la ética y la responsabilidad digital. Solo así podremos garantizar que la crítica siga siendo un ejercicio democrático y no un instrumento de extorsión.
