REPUBLICA DOMINICANA, Lunes 10 De Marzo 2026.- En la República Dominicana, el concepto de “seguro” se ha desdibujado hasta convertirse, para muchos ciudadanos, en una amarga paradoja. Se paga puntualmente por una supuesta protección que, al momento de necesitarla, parece evaporarse. El usuario queda solo, desarmado frente a un sistema que exige, cobra y luego restringe.
En el ámbito de la salud, la experiencia es casi uniforme: cuando el asegurado enferma, se enfrenta a un viacrucis de exclusiones, copagos desproporcionados y negativas para cubrir medicamentos y estudios esenciales. La diferencia económica termina siendo grosera. La sensación es de desamparo, de irrespeto al paciente, de una cultura de represión contra los menos pudientes. Al final, la cura resulta más costosa que la enfermedad, y la dignidad del ciudadano queda relegada a una letra pequeña.
Pero si el panorama es desalentador en salud, los seguros de automóviles no se quedan atrás. El patrón se repite: se cumple con el pago mensual, se confía en la póliza, y cuando ocurre un siniestro, la respuesta nunca cubre el 100 %. El asegurado vuelve a cargar con gastos inesperados, trámites interminables y una sensación de engaño institucionalizado.
La pregunta es inevitable: ¿quién defiende al usuario? En un país que aspira a la modernidad, resulta inadmisible que dos pilares de la seguridad ciudadana —la salud y la protección vehicular— funcionen con reglas que favorecen al sistema y no al ciudadano que lo sostiene.
Urge el surgimiento de un fenómeno social y político capaz de luchar de manera firme por la regulación real, efectiva y humana de los seguros. Un gobierno que se atreva a poner límites, a fiscalizar sin contemplaciones y a colocar al usuario en el centro de la ecuación podría, sin exagerar, “casarse con la gloria”. Porque defender al ciudadano no es populismo: es justicia, es respeto y es, sobre todo, una obligación del Estado.
