Por: Lic. Robert Ogando, República Dominicana, LUNES 06 De Abril 2026.- En el día de hoy abordamos una reflexión necesaria y urgente sobre la supervisión de las obras ejecutadas por el Estado dominicano, especialmente aquellas infraestructuras que, lejos de representar desarrollo y seguridad, se convierten en escenarios de tragedias evitables.
Nos referimos de manera específica a la reciente circunvalación que conecta Baní con Azua, una obra inaugurada con grandes expectativas, pero que en muy poco tiempo ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito. Estos hechos, lejos de ser simples coincidencias, apuntan a posibles fallas en su construcción, señalización o supervisión técnica.
Resulta alarmante que obras millonarias, financiadas con los recursos del pueblo, no cuenten con las garantías mínimas de calidad y seguridad. Más preocupante aún es la ausencia de responsabilidades claras ante las consecuencias: familias destruidas, vidas perdidas y un pueblo que sufre en silencio, sin respuestas, sin justicia y sin indemnización.
El Estado dominicano no puede limitarse a inaugurar obras para exhibir avances. Su rol va mucho más allá. Debe ser un ente vigilante, exigente y garante de que cada infraestructura cumpla con los más altos estándares de calidad. Las empresas constructoras beneficiadas con contratos públicos deben ser fiscalizadas rigurosamente y obligadas a responder por cualquier negligencia o incumplimiento.
Es inaceptable que errores en la ejecución de una obra no conlleven sanciones. La impunidad en estos casos no solo perpetúa la irresponsabilidad, sino que también envía un mensaje peligroso: que la vida humana puede quedar relegada frente a intereses económicos o políticos.
Hacemos un llamado firme al Gobierno Central para que fortalezca los mecanismos de supervisión, exija transparencia en los procesos de construcción y garantice la seguridad de los ciudadanos. La Ley de Administración Pública establece claramente el deber del Estado de proteger a la población, y es momento de que ese mandato se cumpla sin excusas.
Porque una mala obra no puede quedar impune. Porque cuando se pierde una vida por negligencia, alguien debe responder.
La seguridad vial no es un lujo, es un derecho. Y garantizarlo es una responsabilidad ineludible del Estado.
