Tribunal de San Cristóbal rechaza reposición de plazos en caso por presunto abuso de bienes sociales
REPUBLICA DOMINICANA, Miércoles 29 De Abril 2026.- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal rechazó la solicitud de reposición de plazos procesales presentada por Víctor Darío Valenzuela Mateo, acusado de presunto abuso de bienes sociales en perjuicio de su socio Ángel Darío Valenzuela Cabrera.
La decisión fue emitida en respuesta a un pedimento del imputado que buscaba reabrir los plazos para la presentación de su escrito de defensa y el depósito de pruebas.
El tribunal determinó que dichos plazos se encontraban “ventajosamente vencidos” y que no existía causa legal que justificara su reapertura.
El proceso se originó a partir de una acusación penal privada interpuesta el 23 de diciembre de 2025, en la que se atribuye a Valenzuela Mateo la comisión de abuso de bienes sociales, la negativa de presentar informes financieros y la obstrucción de la labor de verificación contable en la empresa Servicentro La Cruz, S.R.L., dedicada a la operación de una estación de combustible en San Cristóbal.
De acuerdo con la acusación, el imputado habría dispuesto de manera dolosa de aproximadamente 16 millones de pesos pertenecientes a la referida empresa, transfiriéndolos a una cuenta personal en fecha 26 de marzo de 2025, en perjuicio de la sociedad y de su socio.
Durante la más reciente audiencia, el imputado no compareció, presentando un certificado médico en el que alegaba encontrarse en su séptimo día de internamiento en un centro de salud.
No obstante, el tribunal desestimó este argumento al no considerarlo suficiente para justificar la incomparecencia ni la solicitud procesal.
En caso de ser hallado culpable, Valenzuela Mateo podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, el pago de 270 salarios mínimos y una indemnización estimada en 150 millones de pesos por daños y perjuicios.
La próxima audiencia ha sido fijada para el 30 de abril de 2026, fecha en la que se prevé la continuación y posible culminación del juicio.
El proceso es impulsado por Ángel Darío Valenzuela Cabrera y la sociedad Servicentro La Cruz, S.R.L., representados por los abogados Taniel Agramonte, Ángel Guzmán, Rafael Alcántara y Jorge A. López Hilario.
