Lic. Rahonel Rodríguez advierte sobre el linchamiento mediático y la presunción de inocencia
Santo Domingo, R.D Viernes 06 De Febrero 2026.– El abogado Rahonel Rodríguez llamó la atención sobre los riesgos del linchamiento mediático y la vulneración de la presunción de inocencia en la República Dominicana, al advertir que la libertad de expresión no puede ejercerse al margen de las garantías constitucionales que protegen la dignidad humana y el derecho a la defensa.
Rodríguez explicó que el artículo 49 de la Constitución dominicana consagra la libertad de expresión e información como un derecho fundamental, permitiendo a toda persona expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones sin censura previa. No obstante, recordó que este derecho debe ejercerse de manera responsable, sustentado en pruebas fehacientes y respetando el libre desarrollo de la personalidad, también protegido constitucionalmente por el artículo 7 de la Carta Magna.
“El ejercicio irresponsable de la comunicación puede derivar en un linchamiento mediático capaz de destruir la honra, la vida pública y la estabilidad emocional de cualquier ciudadano, aun sin que exista una sentencia judicial en su contra”, señaló el jurista, al referirse a casos recientes difundidos en distintos medios y plataformas digitales.
El profesional del derecho sostuvo que, en un Estado social y democrático de derecho, la protección de derechos tan sensibles como la dignidad humana y la legítima defensa no puede debilitarse. Indicó que las personas moralmente lesionadas por señalamientos públicos infundados enfrentan altos costos emocionales y económicos para intentar restablecer su buen nombre, y que, aun cuando logren demostrar su inocencia, la duda social persiste de manera casi irreversible.
Asimismo, Rodríguez advirtió que el linchamiento social no solo afecta al individuo directamente señalado, sino que también arrastra a su descendencia y ascendencia, convirtiéndolos en víctimas colaterales de un atentado moral de grandes proporciones.
En ese sentido, recordó que la Constitución, en su artículo 149, establece que la administración de justicia corresponde exclusivamente al Poder Judicial, el cual tiene la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. “Constitucionalmente, quienes tienen el deber de juzgar son los jueces, y corresponde únicamente a los tribunales determinar la responsabilidad penal o civil de una persona”, enfatizó.
Finalmente, el licenciado Rahonel Rodríguez reiteró que incluso cuando un caso es judicializado, la exposición mediática previa y desproporcionada puede causar daños morales irreparables, por lo que exhortó a comunicadores y ciudadanos a ejercer la libertad de expresión con responsabilidad, respeto a la ley y apego a los principios constitucionales.
