Munícipes denuncian presuntas irregularidades en permisos de construcción otorgados por alcalde de San Antonio de Guerra
Santo Domingo Este Viernes 04 De Septiembre 2026. — Moradores del municipio San Antonio de Guerra denunciaron presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción por parte de la administración municipal que encabeza el alcalde Francisco Rojas García, conocido como César Rojas, situación que, según afirman, estaría generando conflictos familiares, incertidumbre y malestar entre residentes de distintas comunidades.
Los denunciantes sostienen que desde el Ayuntamiento de San Antonio de Guerra se estarían concediendo autorizaciones para construir en terrenos cuya situación es objeto de controversias, favoreciendo presuntamente a personas vinculadas a invasiones de terrenos, amigos y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la localidad.
De acuerdo con los testimonios ofrecidos por los munícipes afectados, estas actuaciones estarían provocando enfrentamientos entre familias y aumentando la preocupación de ciudadanos que aseguran sentirse desprotegidos ante una situación que, a su juicio, requiere la intervención de las autoridades competentes.
Piden investigar actuación del Ayuntamiento
Los afectados hicieron un llamado al Gobierno central y a las instituciones responsables de la fiscalización municipal para que investiguen las denuncias y determinen si los permisos otorgados cumplen con los procedimientos establecidos por las leyes y reglamentos correspondientes.
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece el marco jurídico que regula la organización y funcionamiento de los gobiernos municipales. Entre otros aspectos, contempla competencias relacionadas con las licencias de obras, sujetas a las normas de ordenamiento territorial, planeamiento urbano, medio ambiente, leyes sectoriales y las propias ordenanzas municipales.
La legislación también establece que los ayuntamientos deben gestionar los intereses de sus respectivas comunidades y procurar su bienestar, bajo principios como la transparencia, la participación ciudadana, la coordinación y la equidad.
Denuncia fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Según informaron los denunciantes, varias de las personas que aseguran haber resultado afectadas llevaron sus reclamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la intención de que el caso sea conocido y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.
Los munícipes alegan que la situación no debe ser abordada desde intereses políticos o particulares, sino mediante una investigación que permita establecer la legalidad de los permisos concedidos y la situación jurídica de los terrenos involucrados.
Asimismo, manifestaron su preocupación por lo que consideran una práctica que podría profundizar los conflictos entre residentes y propietarios, por lo que solicitaron que las autoridades correspondientes intervengan antes de que el problema alcance mayores dimensiones.
Advierten sobre posibles acciones legales
Los denunciantes también advirtieron que, de no producirse una respuesta satisfactoria de las autoridades, no descartan acudir a los tribunales de justicia para reclamar lo que consideran sus derechos.
Algunos de los afectados incluso plantearon la posibilidad de emprender acciones legales contra el alcalde Francisco Rojas García, si mediante una investigación se determinara que hubo actuaciones contrarias a sus obligaciones como autoridad municipal.
No obstante, hasta el momento, las afirmaciones señaladas corresponden a denuncias y alegaciones de los munícipes, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades competentes mediante el debido proceso.
Solicitan transparencia y revisión de los permisos
Los residentes que formularon la denuncia consideran necesario que el Ayuntamiento de San Antonio de Guerra haga pública la documentación relacionada con los permisos cuestionados, así como los procedimientos utilizados para su aprobación.
También pidieron que se determine si las construcciones señaladas cuentan con la documentación correspondiente y si cumplen con las disposiciones municipales y nacionales relativas al uso de suelo, propiedad, ordenamiento territorial y construcción.
La Ley 176-07 reconoce a los munícipes el derecho a exigir que las competencias municipales sean ejercidas con eficiencia, eficacia y transparencia, además de permitirles reclamar ante las autoridades municipales y las instancias de control cuando consideren que determinadas actuaciones les perjudican.
Los moradores reiteraron su llamado a las autoridades nacionales y municipales para que escuchen sus reclamos y adopten las medidas que correspondan, al tiempo que solicitaron que cualquier permiso de construcción cuestionado sea sometido a una revisión conforme a las leyes.
Hasta el cierre de esta información, no se había incorporado a esta nota una versión oficial del alcalde Francisco Rojas García ni del Ayuntamiento de San Antonio de Guerra sobre las acusaciones formuladas por los denunciantes.
La investigación y cualquier eventual proceso administrativo o judicial deberán determinar si existieron irregularidades y, en caso de comprobarse, las responsabilidades correspondientes.
