Tras un proceso que se ha extendido por cinco años, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo decidirán si acogen la petición del Ministerio Público, que ha solicitado 20 años de prisión para los principales cabecillas del entramado.

Penas solicitadas por el Ministerio Público

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicita la pena máxima de 20 años para Cáceres, el general Julio Camilo de los Santos Viola y el general Juan Carlos Torres Robiou. Asimismo, ha pedido 15 años para la pastora Rossy Guzmán y una pena reducida de 5 años para el delator Raúl Alejandro Girón Jiménez.

El expediente establece que la red desvió más de 4,500 millones de pesos del Estado entre 2012 y 2020 a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Desvío de fondos en Cusep y Cestur

El esquema consistía en pagar solo el 10 % del sueldo a policías y militares en nómina, quedándose el entramado con el 90 % restante.

Se espera que el tribunal se pronuncie sobre el decomiso masivo de cientos de bienes de lujo, vehículos y activos financieros valorados en sumas millonarias, solicitados a favor del Estado Dominicano.

En sus declaraciones finales, Adán Cáceres ha sostenido su presunción de inocencia, calificando el proceso como un «abuso de poder del Estado» y cuestionando la falta de pruebas sobre la presunta asociación de malhechores.

La lectura de la sentencia definirá no solo el futuro de los altos oficiales involucrados, sino también un precedente en la fiscalización de los fondos destinados a los cuerpos de seguridad presidencial y turística en la República Dominicana.